ADOCCO: pide al procurador que sustituya fiscales de la capital y Santiago

ADOCCOSANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sugirió este domingo al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que apele al artículo 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) y proceda a evaluar y sustituir el cuerpo de fiscales del Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago.

Haciendo énfasis en el caso del Distrito Nacional, ADOCCO plantea que tanto la titular de la fiscalía (Yeni Berenice Reynoso) como sus adjuntos han desempeñado el cargo por más de cuatro años, por lo que de conformidad con la legislación deben ser evaluados y en los casos que correspondan, ser proVista previamovidos.

La ley 133-11 establece en su artículo 41, refiriéndose a los procuradores fiscales: “Las fiscalías se integran por un equipo de procuradores fiscales y fiscalizadores que estarán dirigidos por un Procurador Fiscal designado como Titular, conforme al escalafón, por el Consejo Superior del Ministerio Público por un período de cuatro años. Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo previa evaluación de desempeño”.

La organización de la sociedad civil, presidida por Julio César de la Rosa Tiburcio, argumenta que su petición “se produce ante el descontento de algunos miembros del Ministerio Público que han sido evaluados, obteniendo calificaciones que ameritan ser promovidos, lo que a la fecha no se ha producido por la permanencia en sus puestos de los titulares, que también deben ser promovidos a procuradores de cortes y los actuales procuradores de cortes evaluados y que han obtenido buenas calificaciones a procuradores generales adjuntos, tal como lo establece el Estatuto del Ministerio Público, entre los titulares que ya cumplieron 4 años y meses en sus cargos sin ser evaluadas y ratificadas se encuentran las procuradoras fiscales de los distritos judiciales más importantes Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago”.

Cierre temporal de clínicas del Centro Médico Integral

El coordinador de ADOCCO también se refirió a los allanamientos practicados por la Fiscalía de Santo Domingo a tres clínicas del grupo Centro Médico Integral, terminando con el cierre temporal de dos de esos establecimientos de salud.

Para Tiburcio la acción dirigida por la fiscal Olga Diná Llaverías es “grave”, pues quedaron en evidencia varios errores procesales que luego obligaron a las autoridades a reabrir los centros de salud por el incumplimiento del debido proceso, “lo que ha sido una práctica recurrente de miembros del Ministerio Público que más que atacar el crimen con esas acciones lo favorecen, ya que los casos al llegar a la jurisdicción de juicio se caen, recayendo la responsabilidad en los jueces”.

“Desde el punto de vista jurídico un proceso que empieza mal termina mal, ningún caso de investigación por delito debe ventilarse a la luz pública en la fase de investigación o preparatoria porque la ley establece que es privado, en cualquier país, con un error de esa naturaleza en un proceso, es anulable, siendo esa una razón por la que la mayoría de los procesos se caen en los tribunales, por violar las disposiciones del Código Procesal Penal y muestra de ello están los casos donde se encontraban exfuncionarios públicos, cuyos casos fueron llevados primero en la jurisdicción de los medios de comunicación y sin fundamentos en los tribunales ordinarios”.

Dice que en el caso de la desaparición de la niña de diez años Carla Massiel, que habría dado origen a los allanamientos en las clínicas del grupo Centro Médico Integral, Tiburcio dice que es el primero en exigir el esclarecimiento del caso y que los responsables paguen por ello, “pero de ahí a cerrar establecimientos con ese aparataje, afectando los intereses de médicos que su única relación con esos centros es la de tener rentado un cubículo o consultorio y ni hablar de los empleados y accionistas que nada le vincula al caso, cuando el papel del Ministerio Público es la de representar a la sociedad y esos son ciudadanos a los que la autoridad le vulnera sus derechos”.

ADOCCO definió como una acción imperdonable que la Fiscalía de Santo Domingo dispusiera la clausura de dichos centros asistenciales sin establecer por qué tiempo.

“Tenemos la convicción de que el procurador general de la república necesita tener la libertad de conformar un equipo con condiciones gerenciales, no populista que prefiere dilucidar los casos en las redes sociales y por vía de consecuencias en los medios de comunicación tradicionales, que se ven obligados a hacerse eco de los mismos, sino que por el contrario que los casos sean ventilados en los tribunales judiciales, con los soportes técnicos legales y sobre todo respetando el debido proceso de ley y protegiendo y garantizando los derechos que le asigna la constitución a todos los ciudadanos, sin privilegios y sin favor, con equidad y transparencia”, dijo Tiburcio.

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