TC y Repostulación

Pedro P. Yermenos Forastieri

En los últimos meses han ocurrido dos circunstancias a partir de las cuales se ha debatido sobre la competencia del Tribunal Constitucional para conocer acciones directas en inconstitucionalidad en esos casos. Uno tuvo que ver con el tema de las primarias de los partidos. En ese tópico, y sobre la base de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en su antigua atribución de Corte Constitucional que declaró inconstitucional las primarias abiertas, muchos consideran que el Tribunal Constitucional no puede modificar los criterios jurídicos consignados en la referida sentencia.

Otro se está dilucidando en la actualidad y atañe a una acción depositada ante el TC que persigue anular un artículo transitorio de la Constitución mediante el cual se prohíbe al actual presidente repostularse en las elecciones del 2020. Muchas voces se han levantado alarmadas por considerar una atrocidad que el TC aborde la pertinencia o no de un texto inserto en la Carta Magna. “Qué barbaridad”, proclaman, “declarar inconstitucional la propia Constitución”. La acción ha sido retirada, pero el TC, no obstante, podría conocerla.

Se trata de dos situaciones muy diferentes que no pueden asimilarse en la determinación de la competencia del TC para conocer instancias que procuren determinar la constitucionalidad o no de esos escenarios. En mi opinión, en un caso el TC es competente, en el otro no.

En lo que concierne a las primarias, el hecho de que la SCJ haya fallado en una dirección determinada no convierte lo decidido en una afirmación pétrea que jamás podría modificarse. Eso no ocurre ni con las sentencias del TC ni de ningún tribunal. La jurisprudencia es y debe ser cambiante, siempre y cuando las decisiones nuevas sean sustentadas en hechos y derecho.

El aspecto más peliagudo es el relativo a si el TC puede interpretar un artículo de la Constitución y excluirlo de su contenido. La respuesta hay que encontrarla en la combinación de los artículos 185.1 y 267 de la Constitución. El primero consigna las disposiciones contra las cuales se puede ejercer acciones directas en inconstitucionalidad y entre estas no figura la propia Constitución. El segundo establece que la reforma de la Carta Magna solo puede hacerse en la forma que ella indica. En síntesis, de pretenderse impugnarse algo contenido en la Constitución debe hacerse a través de acción directa contra uno de los actos contenidos en el artículo 185.1. Fuera de ahí, la acción sería inadmisible.

Por Pedro P. Yermenos

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