Los delitos de personas expuestas políticamente

Julio Gutiérrez

Los actos delictivos cometidos mediante maniobras fraudulentas con el objeto de buscar un beneficio propio en perjuicio de terceros, tales como: la manipulación contable, la estafa, la apropiación indebida de activos, el soborno, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal; son prácticas corruptas, fácil de identificar pero difícil de demostrar y enjuiciar. La inclusión del delito fiscal como un ilícito procedente del lavado de activos se incorporó al sistema judicial, al considerar que el producto o los resultados del delito, sea decomisada sin que se requiera de una condena penal.

El blanqueo de dinero proveniente de delitos como el tráfico de drogas, contrabando de armas, prostitución infantil, trata de blanca, crímenes fiscales (omisión, evasión y elusión), forman parte de las 40 Recomendaciones establecida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es la entidad responsable de regular acciones anticorrupción y propulsor de leyes, como la promulgada en nuestro país en el año 2017, la numero 155-17, denominada Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento de Actividades Terroristas y del Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La finalidad de esta Ley es proteger nuestras instituciones democráticas, la economía, la balanza de pagos, la estabilidad de precios y la competencia desleal en actividades de lícito comercio.

Una persona expuesta políticamente (PEP), es un funcionario estatal, cuyo nombramiento está amparado por el voto popular o por un Decreto presidencial, sin importar la categoría de su responsabilidad pública; si administra o no fondos del estado. El término PEP (Politically Exposed Persons o Personas Expuestas Políticamente), se aplica tanto a las personas que desempeñan, como a las que han desempeñado funciones públicas destacadas en un país y se convierten en objetivos para la realización de operaciones ilegales.

Para contrarrestar esa “exposición” a las PEP’s, como objetivo de actos ilícitos, los países han constituido instituciones responsables del orden público y el resguardo de los recursos del Estado. Para evitar desafueros en los procesos de las compras y contrataciones de obras y servicios públicos, existe la Ley 346-06 y sus modificaciones mediante la promulgación de otras leyes, apoyada en el organismo regulador denominada Dirección General de Compras y Contrataciones. Para la fiscalización del uso adecuado de los recursos comprados y/o contratados por el Estado, existen la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas de la República. Estas dos instituciones de supervisión y control están amparadas por leyes (10-04 y 10-07, respectivamente) para cumplir con las funciones constitucionales.

Para terminar el engranaje de protección de los fondos y propiedades de la Nación, encontramos la participación del Ministerio Público, en la funciones de la PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción). Ante la vista de cualquier ciudadano, la impresión es que el país está lo suficientemente resguardo para protegerse de la descomposición social de una PEP. Los casos de corrupción que se han sucedido en las últimas dos décadas, muestran lo contrario.

El Financial Action Task Force (FATF por sus siglas en inglés), es un organismo internacional creado para evitar el blanqueo de dinero proveniente de delitos como el tráfico de drogas, armas, prostitución infantil, crímenes fiscales, sobornos, etc., proporciona una definición de las PEP’s, que consideramos interesante, veamos: “Individuos que son o han desempeñado funciones públicas de importancia por ejemplo: jefes de estado o de gobierno; políticos; ministros de gobierno, oficiales militares o jueces; ejecutivos de empresas del estado; u oficiales de importantes partidos políticos. Relaciones de negocios con miembros de la familia o socios cercanos a las PEPs conllevan riesgos de mala reputación similares a aquellos que existen con las propias PEP”. El interés de esta “fuerza de tarea”, es mantener una supervisión y control de personas expuestas políticamente, para evitar que fondos mal habidos se dirijan a las instituciones bancarias por la vía de un pariente o un representante oculto.

Inmediatamente se obtiene dinero de actividades ilícitas, tales como: soborno, tráfico de armas y de personas, sustancias o estupefacientes no controlados, delitos fiscales, etc., se crea la figura de lavado de activos, puesto que el producto de esas actividades no se contabilizan ni se reportan como rentas ganadas y gravables; por tal razón, las PEP’s son consideradas personas de alto riesgo y el antídoto seria la transparencia y la rendición de cuentas sujetas revisión por las autoridades competentes.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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