El papel del Primer Magistrado de un país en los conflictos internos

Julio Gutiérrez

SANTO DOMINGO, RD.- El manifiesto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, firmado por los padres fundadores, es un documento que todos los presidentes de esa Nación deben leer y acuñar como un derecho inalienable. Dicho texto en toda su extensión es aplicable a los mandatarios del mundo en especial, los de América Latina, ya que en su segundo párrafo introductorio, establece: “…todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos…”.

Cuando se celebra la toma de posesión del Primer Mandatario de un país, este jura cumplir, hacer cumplir y proteger la Constitución. Debido a que la Carta Magna establece deberes y derechos aplicables a los ciudadanos, el juramento presidencial es extensivo a la protección de la vida, mantener un clima de libertades públicas y garantizar la paz y la felicidad del pueblo al través de las instituciones gubernamentales.

La Constitución norteamericana fue promulgada por la Convención Federal en 1787, cuyo objetivo fue crear el sistema de Gobierno Federal, mismo que se puso en vigor en el 1789. Mediante el Numeral 1 del Artículo Trece, de la Quinta Enmienda a la Constitución, Norteamérica reconoce la abolición de la esclavitud. Desde luego, tuvo que suceder la Guerra de Secesión, durante el periodo 1861-1865, librada entre once estados esclavistas del Sur y quince estados abolicionistas del Norte de los Estados Unidos. La guerra fue ganada por los norteños a un costo de más de 600 mil personas fallecidas en esa contienda bélica. Después de la guerra, los estados del Sur crearon organizaciones racistas como el Ku Klux Klan para evitar la integración de los afroamericanos a la sociedad americana. Los estados del Norte, a pesar de la liberalización de los negros no establecieron programas gubernamentales que garantizaran su integración social.

Independientemente de las políticas de puertas abiertas a los inmigrantes de otras latitudes, los sentimientos racistas han permanecido en grupos con mentalidad supremacista, con actitudes agresivas contra ciudadanos humildes y pacíficos. Entre 1966 y 2019 se han registrado más 240 tiroteos masivos en Estados Unidos. Según un estudio realizado, un tiroteo masivo es un episodio en el que mueren cuatro o más víctimas. En esta medición, no se incluye las matanzas entre pandillas o asesinatos que involucren a uno o varios miembros de una misma familia.

Los Estados Unidos de Norteamérica, tiene cifras excepcionales cuando se trata de masacres masivas, pues en ese país se han registrado más tiroteos que en cualquier otro país del mundo, según los últimos acontecimientos: en octubre de 2017, desde un hotel en Las Vegas, Nevada, una persona mató 58 personas; En Orlando, Florida, durante un encuentro en un bar un pistolero le arrancó la vida a 50 parroquianos; en la comunidad de Sutherland Springs, Texas, en el mes de noviembre de 2017, murieron 25 personas víctimas de un hombre armado; el 7 de noviembre de 2018, murieron 12 personas acribilladas a balazos, en Thousand Oaks, California; el 31 de mayo del 2019, murieron 11 personas por la acción de un asesino armado. La última demostración de odio racial sucedió en menos de 24 horas (los días el 3 y 4 de agosto de 2019) con un saldo de 32 muertos, uno en El Paso, Texas y el otro en Dayton, Ohio. Uno de los autores recorrió casi 900 kilómetros para ejecutar la siniestra acción.

Se podría interpretar que el ataque ocurrido en El Paso, Texas, es la gota que rebosó la copa de una política mal dirigida contra inmigrantes y ciudadanos norteamericanos de origen hispano, encabezada por el Primer Mandatario de la nación Norteamericana, al extremo de denostar la integridad física y moral de esas personas. Para que el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, sepa que, al proteger y defender la Constitución de su país, también es su deber garantizar lo redactado en el Numeral Uno del Artículo Catorce de la Quinta Enmienda, que reza así: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquiera persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos”.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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