Existen frases que, en la mayoría de las veces, son utilizadas como consignas para el logro de objetivos. Una de ellas, la más usada es: “hasta las últimas consecuencias”. Tanto políticos como funcionarios estatales, cuando se ven compelidos a tomar una decisión, esa es la frase favorita. Quizás en otros países esa expresión se aplique con el mismo rigor con el que se pronuncia. Pero en nuestro país, se menciona cuando los argumentos para defender una causa, son muy débiles.
Los hechos delictivos, que en ocasiones han conmovido a determinados sectores de la sociedad dominicana, solo han recibido como respuesta de los responsables de poner el orden y aplicar las leyes, que él o los culpables recibirán todo el peso de la Ley. Los crímenes cometidos contra los recursos del Estado dominicano, en las últimas décadas, en los casos excepcionales de ser tramitados a la acción de la justicia, muchos han sido engavetados, otros sobreseídos y algunos se mantienen en espera de ser incluidos en el rol de audiencias.
Las decisiones inoportunas han dejado cicatrices en la moral y la esperanza del pueblo, debido a que, en lugar de contribuir a las aspiraciones de una sociedad mas justa, el flagelo de la injusticia ha beneficiado a los verdaderos culpables de los hechos delictivos.
Los casos más sonados todavía corroen la sed de justicia de los dominicanos. Por su envergadura, es imposible olvidarlos, ya que por su variedad se asemejan a un rosario de penas, que, en su oportunidad, la ciudadanía espera recibir una explicación convincente de la inacción de los responsables de aplicar justicia.
El expediente de esas decisiones inoportunas, de elaborarse, consumiría varias resmas de papel. Si solo tomamos los acontecimientos de la historia reciente, desde la “Capitalización de las empresas del Estado, con la desaparición de las “Tres C’s” (CORDE, CDE y CEA); el caso de la Sun Land; la desconocida inversión en el Metro de Santo Domingo; la compra a sobreprecio de los aviones “Tucanos”; la venta de los terrenos de los “Tres Brazos”; los sobornos de la empresa brasileña ODEBRECHT, y la “punta del iceberg” de la Termoeléctrica Punta Catalina.
El bochorno no se detiene con los casos citados en el párrafo anterior, ya que la opinión pública se ha estremecido con las actividades de personeros dedicados a acciones ilegales que operaron por décadas sin la debida vigilancia de las autoridades, llegando al extremo que un hampón fingió su muerte para fugarse del peso de la justicia.
Un país fortalece sus instituciones, cuando la justicia se aplica en base al debido proceso. Cuando existe un sistema de justicia amañado, utilizando como método decisiones inoportunas, es posible que permanezcan casos sin resolver o con expedientes donde el “culpable”, es “un chivo expiatorio” y no un grupo de malhechores.
Existe la posibilidad de que, con la designación de un Fiscal Independiente, los expedientes engavetados, sobreseídos o en espera de ser incluidos en un rol de audiencia, puedan ser reconsiderados y contrarrestar las decisiones inoportunas que han beneficiados a los malos en detrimento de los intereses del pueblo dominicano.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
