La reforma fiscal o el pacto fiscal quien se beneficia o se perjudica

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

En entregas anteriores hemos insistido que cualquier decisión a tomar con respecto a modificar el régimen tributario actual, debe primar la prudencia y la equidad. Advertí del cuidado que hay que tener de no convertir a las administraciones locales en nidos de boas o depredadoras de los que siempre pagan sus tributos. Por lo tanto, hay que diferenciar entre reforma fiscal y pacto fiscal.

La primera se interesaria en modificar dígitos y articulados de la ley. En cambio, la segunda contempla gravar a los que tienen para beneficiar a los que menos tienen. Entonces, cuando se hable de reforma o pacto se debe aclarar quién se beneficiaria y quién se perjidicaria.

Si lo que se tiene pensado es una reforma fiscal o tributaria del sistema fiscal, habrá que tomar en cuenta los elementos condicionantes para incrementar las recaudaciones, que son: el hecho imponible, la base imponible y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, es el contribuyente, es la persona responsable del cumplimiento de sus obligaciones y pago de manera formal y material. Si la administración tributaria no amplia la base imponible, entonces los perjudicados serían los que siempre pagan.

Ahora, si en un pacto fiscal no se contempla la participación la representación de la mayoría de los contribuyentes, y dicho pacto se produce entre dos partes (el Estado y los empresarios), es muy probable que ambas partes salgan beneficiadas y le transfieran las cargas tributarias generadas de ese acuerdo a los que más pagan ITBIS (los consumidores), los susceptibles de los descuentos por servicios (empleados y profesionales), los emprendedores (MIPYMES) que seguirían pagando anticipos sobre ganancias futuras.

Es probable que al momento de discutir la reforma o el pacto fiscal, afloren dos términos ligados al sistema tributario, que son la exención y la exoneración. Aunque parezca que significa la misma cosa, en la manera de llevar cabo ambas acciones, existen diferencias. La exención debe de originarse mediante una Ley. En cambio, la exoneración debe ser transitoria y su emisión es factible por un Decreto u Orden Administrativa. Por el sacrificio que resulta para el contribuyente común y corriente, no creo que el Poder Ejecutivo en una próxima reforma o pacto siga desprendiéndose, por concepto de exoneraciones para importar combustibles, productos agrícolas, vehículos, etc., por más de 200 mil millones de pesos anuales, como ha venido sucediendo en los últimos periodos gubernamentales.

Ahora, lo que si consideramos que el Gobierno debe ser flexible es, en los impuestos relacionados con las herencias y las donaciones cuando estas se materializan en especie o en naturaleza, pues se puede dar el caso que el receptor de esos bienes no tenga un centavo para pagar la liquidación, en su momento, la carga tributaria resultante de esas delegaciones. También, debe poner atención a las actividades que se desarrollan en comunidades con grandes concentraciones de negocios y aquellas ubicadas en sitios remotos del interior del país con pocos movimientos comerciales, pero en ambos casos, como contribuyentes, están medidos con la misma vara, es decir, pagan el mismo porcentaje de impuestos.

Lo que sí es bueno recomendarle a las autoridades responsables de estructurar el pacto o la reforma, que se exija a los que tienen dinero “bajo el colchón” o en cuentas “off shore” que lo transparenten y que los bienes inmuebles registrados o no en la Administración Tributaria, formen parte de sus declaraciones juradas anuales, para que paguen lo que tienen que pagar. No importa el membrete que le pongan a los aprestos de discusión, lo único que aspiramos es a la sinceración del régimen tributario, que los que ganen más paguen más.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

Related Posts