El precio de los bienes estatales

Julio Gutiérrez

Para la determinación o cálculo del precio de un bien, mueble e inmueble, es necesario analizar los componentes de los costos y gastos identificados y que han participado en su construcción o fabricación. Según el sector (Público o Privado) donde se realice el proyecto de una obra de infraestructura, se aplica la metodología que corresponda. En el sector privado se toman en consideración, la posesión y deslinde catastral de los terrenos que servirán de base para la construcción, el cumplimiento de los permisos medio ambientales, la aprobación de los planes de las obras civiles y vías de acceso disponibles; si se ejecutara con recursos propios a financiado; o mediante el convenio de llave en mano o por administración. Todo aquel interesado, antes, durante y después de la terminación del proyecto, puede recibir información al respecto.

En cambio, si es un proyecto a desarrollar por el Estado, no se cumplen las formalidades. El público en general, no conoce los detalles aun después de terminado. En este aspecto, en los gobiernos de turno han mantenido opacidad en la información. Aparentemente, los ejecutores de la obra le dan el carácter de “secreto de Estado”. Los verdaderos costos de la inversión realizada no se conocen. En algunos casos de proyectos terminados nunca se supo el valor real invertido, pero lo más alarmante, es que nunca se sabrá. En lugar de tener una “caja de herramientas” donde se obtengan la inversión fija y la inversión corriente, los datos nunca serán fidedignos. Esta situación la podemos apreciar en la gran cantidad de obras inauguradas sin estar debidamente terminadas, como ejemplo, podemos citar los hospitales.

Ante esa incertidumbre; es decir, por el desconocimiento de los valores reales reflejados en la inversión de un proyecto, es muy difícil determinar el precio de venta de los bienes estatales al momento de tomar cualquier decisión que involucre la venta, permuta o la participación de terceros en determinado proyecto.

Bajo esa tesitura se encuentra el proyecto de Punta Catalina. De parte del Gobierno dominicano, hay una versión con respecto al valor que se invertirá. Mientras que, por otro lado, expertos consideran que la metodología del Gobierno es acomodaticia y desvinculada de normas y principios contables. La discrepancia fundamental se ubica en el pago del servicio de la deuda generada por el proyecto como consecuencia de los financiamientos recibidos.

Desde el punto de vista contable, todos los costos y gastos incurridos en un proyecto se asimilan al valor del mismo, mientras esté en la etapa de construcción y puesta en prueba. Solo se detendrán esos renglones, una vez el proyecto inicia sus operaciones de manera normal y formal.

Cuando no existen informaciones precisas sobre el valor de la inversión como es el caso de Punta Catalina, hay métodos disponibles para determinarlo, tales como el “estado de origen y aplicación de fondos”. Mediante este procedimiento se puede establecer que los fondos originados han sido integrados al proyecto, según el siguiente detalle:

  • 1.- Fondos originados por Financiamiento Europeo               US$  291 millones;
  • 2.- Fondos originados por la Emisión de Bonos Soberanos   US$  595 millones;
  • 3.- Fondos originados por Recursos Propios                            US$1,231 millones;
  •     Sub-Total Fondos originados                                                   US$2,117 millones;
  • 4.- Fondo de Contingencia                                                            US$   336 millones;
  •     Total Fondos originados                                                           US$2,453 millones.

El total de fondos originados representa el valor del proyecto Punta Catalina hasta el proceso de construcción y la etapa de prueba. Una vez las termoeléctricas estén operando, ese proyecto adquiere un 35 por ciento de plusvalía, por lo que su precio de venta, permuta o de participación de terceros, se calcularía en unos 3,311 millones de dólares. Cuidado con considerar cualquier valor por debajo de esta cifra. Hay que recordar que ese precio es sin tomar en cuenta los terrenos, pues hasta el momento no han sido negociados.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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