El cese de la impunidad

Julio Gutiérrez

Cuando un perpetrador no recibe el castigo que la sociedad exige, se dice que ese delito quedó impune. La falta de la aplicación de una pena por haber cometido una persona física o jurídica un delito contra la ley, se conoce como impunidad. En un ambiente de corrupción, para que la condición de impunidad se manifieste, deben conjugarse tres aspectos: el corrupto, el corruptor y el ente con autoridad que no permite la sanción del hecho. La impunidad es una sombra que opaca cualquier actividad positiva de una determinada gestión pública, en especial cuando no asume la responsabilidad de aplicar el peso de la ley, ya sea por motivos políticos o de otras índoles, que evade la sanción correspondiente.

La impunidad se asocia a personas o entidades con poder económico o político, pues esta característica de las inconductas sociales, se comporta como un producto o una mercancía, ya que tiende a comprarse mediante transferencias de fondos o de favores. Los casos más indignantes para la ciudadanía, son aquellos donde los acontecimientos señalan a personas o grupos de cometer violaciones contra el erario público y las autoridades se muestran indiferentes o negligentes en identificar los responsables de hechos delictivos.

La connivencia es un factor importante para que la impunidad en una sociedad como la nuestra se mantenga incólume, debido a la tolerancia o pasividad de las autoridades ante hechos dolosos realizados por sus subalternos. Esta situación entre una persona con poder y un subordinado crea un escenario de complicidad que hace más difícil determinar los casos de corrupción y por ende permite que el manto de la impunidad los arrope a todos.

Los contratos firmados por funcionarios y autoridades gubernamentales, donde el interés público ha sido vulnerado, se han mantenido en un ambiente de indiferencia, a pesar de las reclamaciones de grupos sociales para que se corrijan: tales son, los casos de los “peajes sombras” que lesionan el Gasto Público, como el que ocurre en la carretera Santo Domingo Samaná. Otro caso que ha mostrado la pasividad del Gobierno dominicano, es el resultado de una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a las remodelaciones del hospital Dr. Darío Contreras, donde se identificaron pagos de cubicaciones por más de 4 mil millones, sin haberse realizados los trabajos en su momento. También, se suma a estos casos y otros más, los 39.7 millones de dólares gastados para adquirir los escáner para ser utilizados en las elecciones del 2016, por la Junta Central Electoral (JCE) y no pudieron funcionar.

Los hechos que han quedado impunes son muchos. Solicitar el cese de la impunidad podría considerarse infantil, pues para que exista impunidad debe haber un tinglado de componenditas. Solo una justicia responsable sería capaz de desarticular el trípode que genera la impunidad. Pero, por el momento, el deseo del pueblo de que cese la impunidad, no será tarea fácil, mientras las instituciones del Estado estén secuestradas por los poderes fácticos, cuya capacidad de control sobre los mecanismos que mueven la vida pública del país es preocupante.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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