Los Bonos Soberanos y el cumplimiento de la Ley

Julio Gutiérrez

Antes del 2001 el Estado Dominicano  no había tenido experiencia de financiación en la emisión de instrumentos obligacionistas como eran y son los Bonos Soberanos. Por  ser una novedad este tipo de financiamiento, se procedió a elaborar una Ley con el propósito de formalizar su negociación y su aplicación, por lo que el Congreso Nacional aprobó la Ley 128-01, de fecha 3 de agosto de 2001, autorizando al Poder Ejecutivo a emitir bonos hasta la suma de 500 millones de dólares, a una tasa de interés de 1.5 % anual, con vencimiento de 7 años.

La referida Ley 128-01 contiene once artículos, de los cuales hay tres que definen el objetivo de su aplicación. El Artículo 5 establece el destino de los fondos en obras prioritarias en todo el territorio nacional; mediante el Artículo 6, se crea una comisión de supervisión formada por el Presidente de la República, el Secretario de Finanzas (Ministro de Hacienda), el Secretario Técnico de la Presidencia (Ministro de Planificación y Economía), el Director de la Oficina Nacional de Presupuesto ((Dirección General de Presupuesto), el Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y el Presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical y, el Articulo 8, consigna las penalidades para aquellos funcionarios que manifiesten negativa en el cumplimiento de dicha Ley, con pena de reclusión de 2 a 5 años y la degradación cívica.

Después de la emisión de la Ley 128-01, cada vez que el Gobierno Central recurría a los mercados internacionales para la colocación de Bonos Soberanos, el Congreso Nacional se abocaba  a la aprobación de una Ley con  la prerrogativa de que se ajusten al espíritu de la Ley 128-01; tal es el caso de las leyes 1-03 y 118-05. Inexplicablemente o por conveniencia, las emisiones de Bonos Soberanos, a partir del 2008, las leyes  aprobadas para esas emisiones hasta el presente, han omitido los tres artículos indicados en el párrafo anterior. Esta debilidad permite que el financiamiento del Presupuesto Nacional se ejecute sin tomar en consideración que el objeto de esa obligación es que sean invertidos en obras de utilidad pública, que contribuyan al desarrollo del país.

Desde el año 1996 la proporción de la ejecución presupuestaria ha venido descendiendo, desde un 60 % para los Gastos Corrientes y un 40 % para los Gastos de Capital. En el 2018, la proporción  ha aumentado, para los Gastos Corrientes un 84 % y para los Gastos de Capital un 16 %. Estos porcentajes indican que en veintidós años, el Gobierno Central le ha dado prioridad a los gastos improductivos, como son, el pago de intereses de la Deuda Pública, las nóminas supernumerarias, la publicidad para organismos estatales que no requieren propaganda y los gastos superfluos enmascarados en las llamadas Transferencias Corrientes.

El Gobierno Central no ha cumplido con las disposiciones de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 128-01, tomando en cuenta que el financiamiento gestionado por la emisión de los Bonos Soberanos tenía y tiene  la prioridad de ser invertido en obras de infraestructura  física productivas. Por el momento, esas emisiones de bonos han servido para aumentar el volumen de la deuda externa, representando un 43 % del producto interno bruto del país.

Debido a que el mecanismo de financiación utilizado por el Gobierno Dominicano, mediante la emisión de Bonos Soberanos, no responden a las exigencias de los procedimientos rigurosos que establecen los organismos crediticios internacionales, para las autoridades gubernamentales, es más fácil recurrir a ese mercado, sin importar el costo del servicio de la deuda, ya que los intereses de 1.5 % anual, que se pagaba en el 2001, se ha elevado a más de un 6 por ciento  aplicable a las últimas emisiones, según informe de la Dirección de Crédito Público, adscrita el  Ministerio de Hacienda, fechado el 30 de noviembre de 2018. La colocación, en términos de costo para el país, presenta una tendencia a ser considerada onerosa, producto de las circunstancias, ya que  cuando las condiciones empiecen a variar, también cambiará para República Dominicana y no debemos acostumbrarnos a seguir esta política de endeudamiento, que por su cuantía se está haciendo insostenible, afectando nuestra soberanía económica.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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