Una Barbaridad

Pedro P. Yermenos

En términos de disponibilidad y asignación de fondos públicos, en este país se producen los hechos más insólitos, los cuales reflejan un manejo presupuestario irresponsable que es causa fundamental de que no hayamos podido resolver uno solo de los problemas que nos abaten desde hace tanto tiempo.

No cesan las quejas de diversos sectores por la inoperancia o deterioro de muchas cosas con frecuencia por la no entrega de sumas de dinero relativamente irrisorias. Por esa razón, se escucha hablar de minucias como equipos para estudios médicos que no pueden usarse; hospitales desabastecidos de medicinas y utensilios; escuelas desprovistas de instrumentos de enseñanza; instalaciones deportivas arruinadas; cañadas que son focos infecciosos; caminos vecinales polvorientos; calles, carreteras y avenidas deterioradas y un sinfín de dificultades cuya persistencia no se justificaría de hacerse un uso racional de recursos. Si es cierto que se puede más con menos, imagínense lo que podría hacerse teniendo tanto, como dice la propaganda oficial que hemos tenido.

En la otra cara de la moneda está el despilfarro obsceno del patrimonio público, lo que les hace a muchos cuestionarse si en verdad es correcto el sitial de pueblo pobre y subdesarrollado en que se nos ubica y, sobre todo, que tanto sentido ofrece a la indignación por no solucionarse los problemas citados.

Constituyen vergüenzas la existencia de instituciones duplicadas; la cantidad de empleos innecesarios; los salarios exorbitantes de funcionarios eternizados; los viajes opulentos a costa del erario; la publicidad profusa que no es más que promoción descarada de personajes descalificados; el gasto descomunal en vehículos de alta gama, combustibles, papelería, remodelaciones de despachos y caprichos ridículos para satisfacer egos hipertrofiados solo capaces de suplirse con el oxígeno gratuito e inagotable de las arcas estatales.

En ese lastimoso panorama donde falta todo para tanto y sobra mucho para poco, la Junta Central Electoral y los partidos políticos que van a realizar primarias toman la descarada decisión de destinar casi RD$1,500 millones para sufragar actividades internas de esas organizaciones. No puedo imaginarme insensatez mayor. El organismo encargado de arbitrar certámenes electorales prestándose a una violación indiscutible de la ley y más que eso, a contribuir con la circunstancia de que entre nosotros el ejercicio de la política es terreno exclusivo de élites económicas por su elevado costo. Después de esto, ¿con cuál autoridad moral la JCE exigiría el cumplimiento de las normativas que rigen sus procesos y sus propias resoluciones?

Por Pedro P. Yermenos Forastieri

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