El pacto fiscal que no se quiere hacer

Johnny Sánchez

Un Plan redistributivo de ingresos mediante impuestos en RD.

“Lo que se está haciendo sutilmente es una justa redistribución para que el rico pague más que el pobre en todas las esferas, deciles y pueblos del país”. Lema del Fiscalista en el poder.
(Un análisis serio y largo).

Ellos se definen como progresistas y partidarios del igualitarismo, pero no viven austeramente, sino que se enriquecen con inusitada celeridad. Lo prometen todo y no hacen nada, pero, además, destruyen lo poco que existía. Su discurso político es un aluvión de ignorancia y demagogia. Sólo piensan en acumular dinero y en 12 años de leonelísmo lo han logrado, solo recuerde lo que eran, y lo que son, ahora.

Estos vendedores de fantasías utilizan una dialéctica de enorme poder destructivo. Sirve para sembrar odios. Envenenar el alma de la gente sencilla. Enfrentar unos contra otros. Dividir a la sociedad. Convertir en enemigos a los amigos. Reemplazar la generosidad por la envidia. Paralizar la iniciativa privada. Vaciar las instituciones. Desmoralizar a los honestos. Engañar a todos.

Consiguen adeptos porque proclaman derechos sin reclamar obligaciones y reparten ventajas sin exigir nada a cambio. Es decir, poder sin compromiso. Así conquistan las mentes débiles y de paso discriminan a quienes piensan libremente.

En el campo impositivo se identifican claramente porque proclaman estas propuestas:

a) Que los impuestos altos sirven para redistribuir ingresos entre los pobres,
b) Que quienes más ganen más paguen,
c) Que las rentas extraordinarias no pertenecen a los productores sino al gobierno.

Ahora descubrimos que los progresistas son personajes enormemente solidarios con el prójimo, pero pretenden ayudarlo no con su propio dinero sino redistribuyendo la renta de los demás.

Prometen que cuando alcancen la utopía igualitaria, todos tendrán derecho de acceder a una vivienda sin esfuerzo, a pensiones sin aportes, a subsidios sin cargo, al reparto de la riqueza y a la igualdad sexual, aunque la naturaleza se oponga.

Pero el redistribucionismo que predican tiene otra cara: a sotto voce suben los impuestos, aumentan las retenciones, generan inflación, incrementan la pobreza y acuden al endeudamiento. El resultado es mayor escasez y miseria.

Precisamente en tiempos en que el gasto público, en lugar de privilegiar necesidades acuciantes, se utiliza para la propaganda política y otros destinos banales, parece importante preguntarse ¿por qué los impuestos que dicen perseguir finalidades altruistas terminan consiguiendo lo contrario de lo que se proponen?

Hay una razón muy simple.

Cuando las leyes, no defienden “la vida, el honor y la fortuna de los ciudadanos” como lo exige la Constitución nacional y pasan a justificar el “despojo de los bienes”, los impuestos se convierten en un robo. Y con el robo, los pueblos se empobrecen

# 1. Redistribución de talentos.

Originariamente la idea de la redistribución de ingresos provenía de la filantropía y se aplicaba a la asistencia social voluntaria. Ahora, en cambio, aparece la propuesta superadora de lograr la igualdad de ingresos “profundizando la redistribución” pero no voluntaria sino “forzosa”.

Claro que de esa redistribución forzosa quedarían naturalmente exceptuados los que gobiernan y sus amigos, porque ellos se consideran por encima de los demás.
En los debates mediáticos aparecen por lo menos tres tipos de igualitarismos que llamaremos: el aritmético, el vulgar y el ilustrado.

El igualitarismo aritmético pasa por alto que en la naturaleza no han existido, ni van a existir nunca dos personas con los mismos talentos y con las mismas aptitudes físicas, con idénticas neuronas, ni con similar disposición de cromosomas en las cadenas de ADN.

Pero el argumento más simple y contundente en contra de la redistribución aritmética de la renta es que ella implica que algunos individuos recibirán más riqueza de la que producen y esto se hará a expensas de otros a quienes se confiscará parte de lo que hacen para darlo a los primeros. De manera que será mucho más costoso obtener rentas produciendo bienes y más fácil lograrla a través del Estado. Con lo cual la redistribución aritmética incentiva la haraganería, la holganza, la dejadez y la pereza.

Para contrarrestar este argumento, surgen los igualitaristas vulgares, auténticos palurdos, quienes dicen que estas consideraciones prácticas son secundarias, porque la solidaridad social exige que los que tienen talentos deben sacrificar parte de su “eficiencia” en favor de los más humildes.

Estos igualitaristas sostienen el derecho a la igualdad de resultados negando el derecho a la igualdad de oportunidades. También hay igualitaristas ilustrados o egregios, que plantean una distinción más sutil.

Afirman, junto con el filósofo americano John Rawls, que hay dos clases de desigualdades. Una legítima, la desigualdad social que es fruto del esfuerzo y de las decisiones personales. Otra ilegítima y repudiable, que resulta del azar y de los talentos innatos.

Por eso debe ser corregida por acción del Estado. Más allá de que es imposible de separar las decisiones personales acertadas del azar o del talento innato, cabe cuestionar el fundamento de esta crítica ilustrada.

¿Por qué es injusto que cada uno aproveche los talentos, las cualidades y las circunstancias que la vida pone a su alcance? ¿Es correcto vincular siempre el mérito con la justicia? ¿Cuánta gente cree que el azar ocupa un papel legítimo en su vida y procura aprovecharlo sin remordimientos cuando no causa daño a otros? ¿Cuál es la razón por la cual debemos considerar que nuestros talentos y características innatas son indignos y necesitan de la represión y corrección por el Estado?

Aquí interviene una cuestión muy delicada que se vincula con el predominio del delito y el clima de inseguridad en que vivimos. La equiparación de la justicia con el mérito, para llegar a conclusiones redistribucionistas, es un razonamiento propio de juristas enrolados en las filas del garantismo, que concluye en un peligroso absurdo. Cualquier individuo taimado, torpe o a quien la naturaleza y la vida no hayan provisto de talentos, tendría derecho a arrebatar violentamente a otros individuos inmerecidamente más ricos para quitarles parte de su riqueza, aun cuando esos personajes no hayan hecho nada para merecerla.

Como en nuestras mentes y en las mentes de los jueces abolicionistas estas cuestiones son deliberadamente confusas, resulta que estamos construyendo un mundo tan inseguro donde no se podría vivir sin estar expuestos al crimen, el asalto, la violación o el secuestro. Para los tribunales garantistas, los derechos humanos de los delincuentes y desposeídos son sagrados y considerados superiores a los de la gente respetuosa y trabajadora.

La defensa del mérito o de las necesidades para redistribuir la renta tiene implicancias muy profundas. Imaginemos que un buen día podamos transferir nuestras cualidades físicas a otras personas mediante la cirugía de trasplantes Si aceptamos el principio de que la desigualdad innata es injusta y debe corregirse, entonces debiéramos transplantar nuestros atributos físicos a otras personas: las bien parecidas debieran transferir bajo coacción su belleza a las poco agraciadas; los atletas deberían transferir su agilidad y musculatura a los minusválidos; los inteligentes debieran transferir su brillo mental a los lerdos y torpes. En definitiva, los progresistas igualitarios debieran predicar también el igualitarismo físico.

Corregir la desigualdad física, genética y psíquica, debiera ser su política preferida en un mundo donde tal cosa fuera posible, porque la desigualdad física es el origen de las desigualdades de rentas que pretenden corregir.

Veamos porqué. Si un individuo ha obtenido una gran fortuna como resultado de su innato talento o inteligencia, podemos redistribuir parte de su fortuna a quienes tienen menos; o podemos atacar la fuente y redistribuir parte de su talento e inteligencia a los que tengan bajo coeficiente intelectual.

Los progresistas podrían respondernos que el igualitarismo físico es ciencia ficción (aunque con la manipulación genética algún día podría dejar de serlo). Pero el propósito de este experimento mental no es otro que averiguar si el igualitarismo físico, con independencia de su viabilidad, es moralmente deseable. Y también averiguar si el argumento del mérito en favor de la redistribución de la renta implica, además, el deseo de la igualdad física.

Encerrar en un campo de concentración a todo el que crea en la existencia de Dios también es materialmente irrealizable, pero considerar que esa idea sea posible o que el razonamiento conduzca lógicamente a ella ya es bastante preocupante.

La próxima vez que un progresista defienda la redistribución de rentas deberíamos preguntarle si está dispuesto a renunciar a su talento, guapeza o inteligencia en favor de quienes no tienen esos atributos. Se encontraría entonces en la tesitura de abrazar el igualitarismo físico o aceptar que en la naturaleza reina la desigualdad.

# 2. Los impuestos en la redistribución

Cuando los igualitaristas pretenden convertir la distribución de ingresos en una repartija de ricos a pobres, en subsidios cruzados hacia los que menos tienen, en transferencias de renta de las clases tradicionales a las nuevas oligarquías y de la clase media a los pobres de solemnidad, invariablemente se encuentran con que las cosas resultan todo lo contrario.

En este sentido, si las leyes impositivas meten mano a la riqueza producida por quienes trabajan, para aumentar el ingreso de individuos negligentes, pero políticamente adictos, no habrá nadie en este país que no pretenda hacer lo mismo y utilizar la ley para sacar ventajas. El resultado es claro como el agua: la ley se prostituye y deja de serlo, convirtiéndose en pantalla para la rapiña.

También es posible que alguien bien intencionado, se plantee que no es injusto que el Estado arrebate la renta de algunos para dárselo a otros, porque realmente a ellos “les sobra” y todos deben contribuir al “bien común” de los más necesitados.

Pero cuando esto ocurre en forma coercitiva, instintivamente la gente ocultará “sus ingresos” y reducirá “sus capacidades”, para no verse sometida al saqueo impositivo en nombre de la “solidaridad”, mientras todos se empeñarán en idear maniobras tendientes a vivir a expensas del prójimo.

Si el Estado, guiado por la aparente buena causa de mejorar la situación de los pobres, establece excesivos impuestos y retenciones destinados a subsidiar el consumo de energía, financiar los transportes metropolitanos, regalar electrodomésticos, subvencionar el costo de los alimentos, estimular el pan y circo futbolero, repartir dinero mediante planes sociales, financiar deficitarias líneas aéreas y entregar fondos a sospechosas organizaciones sociales, entonces, estamos en presencia de una “rapiña fiscal” o “despojo legal”.

Ante este sistema de latrocinio dirigido desde el Estado, caben dos alternativas: reducirlo o anularlo.

Reducirlo equivaldría a decidir que sólo una parte de los impuestos puede destinarse a la beneficencia y el resto a las funciones básicas del Estado. Anularlo supondría permitir el surgimiento de la solidaridad espontánea, aquella en la que cada cual decide cómo ser generoso con los demás, sin que le obliguen y sin estar amenazado de terminar en la cárcel.

Por supuesto, podríamos seguir adelante con un sistema impositivo de despojo legalizado. Ahora bien, las consecuencias de mantenerlo son perversas. Por un lado, la gente verá que se castiga a los emprendedores y se premia a los que reclaman vivir como parásitos.
Sin ninguna duda, se organizarán bandas dirigidas por agitadores profesionales que reclamarán más partidas presupuestarias para financiar su “causa”, tratando de vivir a costa de los demás.

Hay que entender que las leyes de impuestos excesivos paralizan los brazos de quienes quieren prosperar, pero liberan las manos de quienes sólo saben decir “deme” para recibir subsidios reivindicando que sus necesidades son” derechos sociales”. Toda una tramoya para lograr vivir sin trabajar
Y #3. Repartir a expensas de los pobres.

Para comprender por qué los impuestos siempre fracasan como instrumento para redistribuir la renta, hay que comenzar por saber cómo se distribuyen realmente los ingresos.

Se trata de un método estadístico que clasifica la población en diez partes exactamente iguales, llamadas decirles. Luego se investigan los ingresos de cada grupo social involucrado en esos decirles, mediante encuestas y se calcula qué porcentaje de la renta nacional representan esos ingresos.

De esta manera se conoce la participación que las distintas clases sociales tienen en el ingreso nacional. Ver Website de Finanzas e Ind y Comercio.

Es casi seguro que distintas estimaciones puedan brindar algunos dígitos de más o de menos.

La diferencia de ingresos entre el decir más rico y el decir más pobre es de 30 veces en 2010 y 21 veces en 2011, lo cual muestra la excesiva dispersión existente entre aquellos que lo tienen todo y los que no tienen nada.
Acto seguido hay que incluir el factor más gravitante en el esquema de la distribución del ingreso: los impuestos, las contribuciones, las tasas municipales, las retenciones y los impuestos al trabajo.

En la actualidad, con el dinero de los impuestos se despilfarran cifras enormes. Se pagan certificados de obras públicas con sobreprecio, se reparten subsidios multimillonarios, se financian planes sociales de no-trabajo, se subvencionan grupos agitadores, se organizan actos partidarios con asistentes contratados, se atiende una mala educación, se financia un paupérrimo sistema de salud y se pagan sueldos a una inmensa burocracia totalmente ineficiente, excepto para poner obstáculos a todo aquél que se proponga hacer algo útil.

Si el costo del Estado fuese módico, por ejemplo, el 10 % del PIB, su sostenimiento no sería una cuestión gravosa porque los recursos podrían surgir de un único impuesto cobrado sólo a los más ricos. Alcanzaría una alícuota del 20 % sobre sus rentas.

Cuanto más sube el gasto público tanto más deberá quitarles a los pobres.

Al final la idea de que el dinero que reparte el Estado viene de arriba es pura mentira. En realidad, sirve para ocultar el hecho de que el dinero redistribuido sale del bolsillo de los mismos que lo reciben.

Esto es así por una irreductible cuestión algebraica:

(30 % del 49,2% PIB + 60 % del 50,8% PIB ˜ 46 % PIB)

Entonces los más ricos estarían gravados con impuestos directos sobre sus rentas brutas al 30 %; pero la clase media y los de menos recursos soportarían impuestos por consumo de alimentos y canasta familiar del 60%. Que es lo que hoy sucede.

Claro, que los ricos también consumen parte de esa canasta, pero el razonamiento no se invalida porque para ellos es un gasto marginal.

Si el cálculo se me permite revisar con datos del 2013 los resultados seguramente serán peores.

Concluyó:

Transferir poder al gobierno es el plan.

Cuanto mejor se considera el problema, más claro se ve que la redistribución de la renta no es una redistribución del rico al pobre sino una redistribución del poder de compra de los individuos al gobierno. No es una transferencia por amor sino por temor.

Lo cual implica la demolición sistemática de aquellas clases sociales que disfrutaban de “recursos independientes”, como el sector rural, las profesiones liberales, los pequeños empresarios, los artistas e intelectuales, los trabajadores independientes y los artesanos con pequeños talleres.

Los recursos de esa clase media se transfieren y acumulan en manos de funcionarios políticos que integran la nueva clase.

En esta nueva clase política, existe una oculta pero perceptible tendencia a asegurarse la complicidad de la justicia para que los delitos de “cohecho”, “enriquecimiento ilícito” o “dádivas” queden impunes, sobreseídos, cajoneados, prescriptos o archivados como cosa juzgada.

Esta es la gran paradoja que los igualitaristas, inspiradores del nuevo “modelo” no podrán resolver nunca jamás. El Estado redistributivo pertenece a un vasto proceso de involución social que no acaba con la igualdad entre los ciudadanos sino en la consolidación de la nueva clase de dirigentes privilegiados.

La retórica de la redistribución del ingreso y el reparto de la riqueza termina siempre con la necesidad de recaudar más impuestos precisamente de aquellos a quienes dicen que van a favorecer.

En todos los casos, la redistribución del ingreso se convierte en un espejismo consistente en hacer creer que se está gobernando a favor de los que menos tienen, pero expoliándolos con impuestos que gravan su consumo y concentrando la riqueza entre los amigos del poder.

La única forma sincera y práctica para redistribuir el ingreso consiste en eliminar o reducir significativamente los impuestos al consumo y sobre las propiedades o bienes particulares que no generan renta pero que sirven para vivir dignamente.

Sin una reforma impositiva que contempla una profunda reducción de impuestos a las clases medias y a los pobres todas las proclamas políticas que puedan hacerse acerca del cambio para redistribuir ingresos y repartir la riqueza son puro humo que oculta intenciones no confesables. Al final tenía razón Martín Fierro cuando decía “que son campanas de palo las razones de los pobres” ….

POR JOHNNY SANCHEZ

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