La auditoría social

Julio Gutiérrez

La mayoría de los países latinoamericanos se muestran renuentes a utilizar la auditoria social, sin darse cuenta que es una herramienta que facilita a la ciudadanía el control, seguimiento y evaluación de todos los procesos y recursos de la gestión pública, y cuyo resultado persigue una mejor calidad de vida de la población. Mediante la auditoría social se establece corresponsabilidad de la ciudadanía con el Estado, ya que cuando fiscalizamos la administración y el gasto público, todos contribuimos a una mayor transparencia de la gestión gubernamental. Como objetivo principal, la auditoria social persigue, vigilar el funcionamiento adecuado de la administración pública en cuanto a transparencia, eficiencia, eficacia y economía.

La auditoría social es un supervisión a lo interno de cada institución llevada a cabo por los responsables de la misma, para fortalecer su comportamiento ético en relación a sus objetivos, de manera que pueda mejorar sus resultados sociales y rendir cuentas de sus actividades a todas las personas comprometidas por su accionar. En el ámbito público, evalúa el desempeño de los funcionarios designados para el cargo o puesto que ocupen, estableciendo procesos que permitan la sustitución de aquellos que no cumplan con sus deberes o funciones. El propósito de la auditoría social es mejorar los resultados y la transparencia del uso de los recursos.

En nuestro país existen instituciones que por mandato de la Ley, bien podrían realizar auditoría social periódica, pero políticamente no convienen esas intervenciones para “los intereses” de las autoridades de turno. En el orden inverso de la pirámide de mando, los mecanismos de fiscalización y supervisión estatales se manifiestan incoherentes y carentes de interés en el adecuado funcionamiento de los entes que regulan determinadas actividades, como son: las superintendencias (de salud, de electricidad, de seguros, de bancos) que deben controlar a los oferentes y proteger a los usuarios de los servicios que demandan.

En el orden ascendente a la cúspide de la pirámide, encontramos a la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública (MAP). La primera institución tiene la responsabilidad a través de las Unidades de Auditoría Interna (UAI), proteger y salvaguardar los recursos económicos y financieros del Estado Dominicano, para evitar que la ejecución presupuestaria se malgaste con “Libramientos auditados de soslayo”, para complacer requerimientos políticos. En el MAP han dedicado parte de su tiempo para homenajear y premiar a instituciones gubernamentales con una “pantalla” a lo externo, pero en su interior ya ni se acuerdan de los “Comités de Ética” implementados para darle “seguimiento a lo que está bien y corregir lo que está mal”.

Pero donde la auditoría social debe de adquirir preponderancia e institucionalidad, es en la cúspide de la pirámide del Estado. Aquí encontramos a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), la auditoría social no está entre sus objetivos particulares, a pesar de que existe la Ley 126-01, que establece un código de ética para el servidor público;

la Ley 41-08, que regula la función pública de los servidores del Estado, y la Ley 105-13, que establece los topes salariales de los funcionarios públicos. Y por otra parte, el Congreso Nacional, que es donde la auditoría social debe ser utilizada como una herramienta para hacer efectivo el control social y la fiscalización de la gestión pública, ya que posee los mecanismos para investigar el comportamiento transparente y ético de los funcionarios gubernamentales, solo por el rumor público. Cuando un legislador crea un proyecto de Ley, después que se aprueba, ese legislador no se interesa si su creación (la Ley) está siendo bien administrada. Darle seguimiento a la ley creada, por un legislador, también se llama auditoria social.

Para que el país se someta a los rigores y exigencias de la auditoría social, sus autoridades deberán poner atención a los siguientes aspectos: Promover el uso eficiente de los recursos públicos, lo que redundará en una mayor y mejor inversión que beneficiará a las comunidades y localidades más necesitadas; medir el cumplimiento de las políticas públicas comparando promesas con resultados reales; mejorar la transparencia y generar la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales, lo que repercutirá en una mayor recaudación tributaria; mejorar la calidad de vida de la ciudadanía sobre todo a aquella que está sumida en la extrema pobreza, y prevenir la corrupción.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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