Es lo político, señores II

Pedro P. Yermenos

En este, como en todos los países, la integración de Altas Cortes; de organismos que atañen al manejo, supervisión y fiscalización de fondos públicos, así como los que administran y dilucidan asuntos electorales, es un hecho esencialmente político. La diferencia que podemos encontrar en las formas en que ocurren las cosas entre nosotros radica en que dada la precariedad institucional que padecemos y la bajísima calidad de estadistas de la mayoría de quienes nos han gobernado, propician la conformación de instituciones colocadas al servicio de los intereses políticos partidarios de los responsables de su integración, en vez de responder a la verdad, la justicia y las conveniencias nacionales.

De tenerse claro ese factor fundamental, se comprende que en ese contexto, la actual, como las anteriores Juntas Electorales, no han escapado a esa lógica perversa, con la agravante de que el PLD, más que todos, ha sido implacable en ese proceder y se ha cuidado al extremo para garantizar los votos requeridos que les aseguren resultados en la dirección exacta de sus directrices. Es tan férreo el control que se impone, que el pasado presidente del organismo, de la poltrona que ocupaba en su despacho saltó a la que le correspondía en el Comité Central de su Partido. ¿Puede suponerse que fue imparcial en el ejercicio de sus funciones?

Pese a la presencia de personas cuyo aparente perfil permitía suponer que con la nueva se había logrado estructurar una JCE en aptitud de asumir los parámetros de todo auténtico árbitro, dentro de los cuales no puede prescindirse de la equidad, desde su incorporación afirmé que solo el discurrir del tiempo probaría algo que yo descartaba: Que el PLD hubiese convenido en integrar una entidad decisiva como esa renunciando, sin necesidad de hacerlo por su predominio senatorial, a la posibilidad de controlarlo.

Jamás supuse que a corto plazo mis premoniciones se confirmarían. Basta la indiferencia cómplice de la JCE ante la ilegal campaña que desarrolla el partido oficial, para aseverar que está desprovista de herramientas para imponer respeto a las leyes y crear un clima de competencia igualitaria.
La anterior característica determinó su lastimosa resolución sobre el voto de arrastre, confirmando que, ante la obvia improcedencia de preservarlo, la JCE, consciente de lo que debía hacer, pero carente de voluntad para actuar, apostó a una salida estrambótica que la ha enredado mucho más en las patas del fiero caballo que pretendió domar.

Por Pedro P. Yermenos

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