Acciones ilegales consuetudinarias de funcionarios públicos

Julio Gutiérrez

Hace unos años publiqué un artículo titulado “Quién audita a quien”, en el que expresaba mi preocupación por la falta de fiscalización por parte de los organismos responsables del Sistema Nacional de Control y Auditoría, que son: La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y la Contraloría General de la República Dominicana (CGR). Estas dos entidades, por medio de las leyes que sustentan su accionar, tienen la facultad de fiscalizar a todas las instituciones públicas y hasta en aquellos organismos privados y sin fines de lucro, que reciban fondos del Estado Dominicano, en especial los provenientes del Presupuesto Nacional.

Las leyes 10-04 y 10-07, que regulan las actividades de la CCR y la CGR, en sus articulados le otorgan facultades para promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y facilitar una transparente rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos. No obstante, el interés de aplicar las disposiciones, normas, decretos y leyes; éstas, son obviadas en su aplicación. A esta dejadez se suma el Ministerio Público, considerado “el brazo ejecutor” de las decisiones de los dos Organismos Superiores de Control Interno y Externo de los recursos del Estado.

Por ser una pieza legislativa que involucra el manejo de fondo, la Ley de Gastos Públicos e Ingresos, es la más tentadora para ser violada, a pesar de que en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, número 423-06, se establecen normativas para los funcionarios obligados a utilizar el presupuesto como una herramienta de planificación, control y seguimiento de la programación y ejecución de los recursos consignados en el documento presupuestario.

Los deberes y responsabilidades que se desprenden del desempeño de los funcionarios públicos, por la debilidad en la fiscalización de los organismos correspondientes, permite que determinadas autoridades, manejen con discrecionalidad los recursos de sus instituciones. En el caso de la ejecución presupuestaria, la mayor violación a la Ley 423-06 se verifica en su artículo 11, específicamente en el Principio de la Especialidad Cualitativa, que establece: “Los recursos deben ser gastados exclusivamente en los objetivos establecidos en el presupuesto”. También, el artículo 24 de la referida Ley indica que todos los ingresos corrientes o de capital deben ser depositados en la Tesorería Nacional.

En los informes dirigidos por la CCR al Congreso Nacional, relacionado con las ejecuciones presupuestarias de los años 2017 y 2018, se manifiestan las debilidades de determinadas instituciones del sector público como consecuencia de violaciones a reglamentos y leyes, en el ámbito administrativo. La lista de violaciones es larga al extremo de que las mismas son consuetudinarias, por la forma y carencia de supervisión, control y seguimiento.

En lo referente a los ingresos, tanto corrientes como de capital, hay instituciones, específicamente, los ayuntamientos, que reciben préstamos comprometidos con el aval del Estado y los mismos no se reportan a la Tesorería Nacional ni a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a sabiendas que tienen tres meses para reportar esas

actividades. De igual modo, determinadas instituciones del gobierno con saldos positivos en sus cuentas de caja, no establecen el cierre al corte del ejercicio presupuestario, es decir al 31 de diciembre de cada año, utilizando esos fondos para otros fines no autorizados.

El artículo 309 del Código Tributario, designa como Agente de Retención a toda persona física o jurídica, del sector público o privado, que realice transacciones mediante la adquisición de bienes y servicios. Muchas instituciones públicas que pagan salarios por encima de la exención fiscal y/o contratan a profesionales, no reportan a la DGII esos valores descontados, desconociéndose el destino de los fondos retenidos. Esta práctica tiene décadas en vigor, por lo que la cuantía es significativa, por lo que se calcula en unos 23 mil millones de pesos. Igual sucede con el aporte que las instituciones descentralizadas del Estado al Sistema de la Seguridad Social, amparada en la Ley 87-01, se descuenta al empleado el porcentaje establecido pero no se remite a la Tesorería de la Seguridad Social. Para los funcionarios públicos responsables de cumplir con estos procedimientos, entienden que no infringen ninguna ley. Todo esto, por no existir régimen de consecuencias.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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