Elecciones 2020 en cifras

Julio Gutiérrez

Con la puesta en vigor de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos numero 33-18 y la numero 15-19 (Ley Orgánica de Régimen Electoral), el sistema electoral dominicano presenta aspectos innovadores que, tanto los partidos, agrupaciones políticas, como la ciudadanía, deberán conocer, para una adecuada aplicación de las referidas leyes, ya que establecen normativas para el gasto de las precampañas; la participación en las candidaturas según el género (hombre o mujer); la cuota de la juventud, y el porcentaje de las reservas para los casos de alianzas, fusión o para dirigentes de un mismo partido.

De acuerdo a las proyecciones de la Dirección de Elecciones de la Junta Central Electoral (JCE), la cantidad de electores al mes de mayo de 2019, totalizó 7.4 millones de personas hábiles para votar. Para las elecciones de los meses de febrero y mayo del 2020, se estiman unos 7.5 o 7.6 votantes. Los electores por sexo se dividieron en, 51.2 % femenino y 48.8 % en masculino. La distribución geográfica en el territorio nacional se compone de 32 provincias, 185 municipios y 235 distritos municipales. Esa distribución estará representada por 4,321 recintos y 16,469 colegios electorales.

Según el calendario de la JCE, en el mes de febrero de 2020, se celebrarán las elecciones municipales. En ese torneo se elegirán 3,849 cargos. En el mes de mayo de ese mismo año, tendrán a efecto elegir a los representantes del Congreso Nacional (diputados 230 y senadores 32) y al Presidente y Vicepresidente de la República, para un total de 4,113 cargos.

Las regulaciones sobre el gasto de la precampaña se establecen en el Artículo 42 de la Ley 33-18. Mediante esa disposición, se fijan topes por electores hábiles, por ejemplo: la candidatura para presidentes se autoriza un gasto de RD$70.00 por elector; si el padrón de su partido es de 2 millones de afiliados, el tope de gasto para una campaña presidencial sería de 140 millones de pesos. No se puede interpretar que ese cálculo se aplicaría a los 7.4 millones de inscritos en el padrón electoral. De ser así, el tope de gasto en la precampaña ascendería a más de 500 millones de pesos por cada aspirante presidencial.

En el caso de las candidaturas reservadas, consignadas en los artículos 57 y 58 de la referida Ley 33-18, es oportuno aclarar algunos aspectos relacionados con el porcentaje y las asignaciones dentro de cada partido o las utilizadas para fines de negociación de las alianzas entre organizaciones políticas, ya que ambos artículos pueden ser mal interpretados, tanto en la aplicación del 20 % como la “reservación” de los cargos electorales.

El veinte por ciento de las reservas, según el Artículo 58 solo se aplicará a las candidaturas de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales. Algunos voceros de partidos políticos han interpretado que ese 20 % se calculará a los 4,113 cargos electorales; es decir, que tendrían 822 cargos disponibles para negociarlos políticamente. Eso no es así. El siguiente detalle explica cómo debe ser utilizado el 20 por ciento.

 

Los cargos de alcaldes y vicealcaldes por el carácter individualista y el peso político de esas candidaturas, al igual que el presidente y el vicepresidente de la República, no pueden ser objeto de la reserva del 20 %. Por otra parte, el Párrafo I del Artículo 58, libera a los “reservados” de participar en los procesos internos a celebrarse para la elección de los candidatos. Si se aplica este procedimiento, es probable que en el 2020 ostenten cargos personas sin el arraigo popular necesario.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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