El 20 de febrero de 2020 el Gobierno dominicano promulgó la Ley de Alianzas Públicas Privadas (APP’S). Según los medios se trata de un marco regulatorio para impulsar las relaciones entre inversionistas y las diferentes instancias del Estado para atraer la inversión extranjera y local. A partir del 20 de febrero los medios hablan de inversión en “infraestructura social”. En vez de eso debiera ser “Inversión en Empresas Públicas y Privadas de Bienes y Servicios – Financieros y No financieros”. Este sería el punto de partida a la hora de hablar de un desarrollo territorial más equilibrado como parte de una cultura económica, presupuestaria y de planificación que rinda sus aportes al bien social.
Resulta extraño el comentario de los medios al afirmar que las APP’S busca atraer la “inversión en infraestructura social” equivalente al 5% del PIB. Debido a la naturaleza del PIB ese porcentaje del 5% nada tiene que ver con la inversión en “infraestructura social” sino con la inversión en bienes y servicios en el sector público y el sector privado. Este es el origen del PIB como indicador que mide la riqueza material de las naciones basada en: 1 – Inversión en infraestructura “material” público privada (carreteras, puertos, etc.) y 2 – Inversión en las “Empresas Públicas y Privadas de Bienes y Servicios – Financieros y No Financieros”, si tenemos en cuenta que lo social es un desprendimiento de ambas cosas.
La rentabilidad de las obras de infraestructura y de las empresas públicas y privadas de bienes y servicios conforman el engranaje que abre las puertas al crecimiento económico de cualquier país. Eso lo podemos ver en: 1 – “PIB 2.0 – Pacto por la Productividad”; 2 – “Teoría de la Desigualdad” y 3 – “Teoría de la Desigualdad en cifras”. Si las APP’S toman esto en cuenta sería el primer intento serio para reducir o eliminar la desigualdad (desempleo y pobreza, según mi criterio) en función del aumento del empleo consecuencia de la generación de riqueza público privada. Solo faltaría la firma del pacto por la productividad entre el sector público y el sector privado para poner en práctica el PIB 2.0 -Pacto por la Productividad y/o Teoría de la Desigualdad. En lo particular creo que los objetivos del milenio (ODS) de las Naciones Unidas debieran mirarse en el mismo espejo para dejar atrás la utopía y afianzar el logro de metas.
Así tiene que ser si tomamos en cuenta los ODS y los planteamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que el crecimiento económico y el bienestar social vayan de la mano según el estudio del BID ¿Cómo repensar el desarrollo productivo?. Para evitar un mal entendido, el crecimiento económico y el bienestar social que plantea el BID debiera ser el mismo crecimiento económico y bienestar social que se desprende de la Teoría de la Desigualdad, de lo contrario el financiamiento externo que se observa en los países en desarrollo sería algo difuso e irresponsable si sigue como va.
El decálogo diez de las APP’S dice lo siguiente: “Estas alianzas no deben ser vistas en el estrecho marco de un contrato pués nos quedaríamos en el ámbito de derechos y obligaciones. Hablar de alianzas es ir más lejos. Es mirar hacia el horizonte de una nación que fomenta el desarrollo sostenible. Es plantear pactos estratégicos. La APP’S constituye una posibilidad de ganar-ganar. Gana el público objetivo al que va destinado un proyecto que ve satisfechas sus necesidades. Ganan los gobiernos que cumplen con su función y, por supuesto, ganan las empresas al fortalecerse y dinamizar la economía.” Esto quiere decir que sin ganancia no hay nada, como tampoco la hay en la “infraestructura social” que se desprende de los gobiernos populistas.
Los últimos dos párrafos de este artículo demuestran la superioridad de la Teoría de la Desigualdad a la par con los objetivos ODS y los planteamientos del BID. Solo bastaría, como antes dijimos; la firma del pacto por la productividad entre los sectores público y privado para poner en práctica el PIB 2.0 – Pacto por la Productividad en el cual se basa la Teoría de la Desigualdad. Por lo tanto, para evitar que la Ley de las APP’S llegue a realizaciones cuestionables o catastróficas en materia de inversión y resultados sería conveniente descartar el término “infraestructura social” y sustituirlo por “infraestructura material” que contemple criterios económicos, sociales y ambientales. .
Tomando en cuenta lo antes dicho resulta extraño que el sector privado celebre la promulgación de la Ley de APP’S sin darse cuenta que comienza mal al decir que los actores que efectúen las negociaciones dentro de esa normativa defiendan el patrimonio del Estado y no comprometan recursos al firmar un acuerdo de esa naturaleza. También yerran al decir que las APP’S “permitirán que el Estado desarrolle obras de importancia sin necesidad de sacrificar o sobrecargar las finanzas públicas, al no tener en cuenta que recurrir a financiamiento externo”.-
El PIB 2.0 – Pacto por la Productividad corrige todo eso.-Solo falta el coraje de los sectores público y privado para definir las reglas del juego en materia de “inversión en infraestructura material”, por un lado, e “inversión en “Empresas Públicas y Privadas de Bienes y Servicios – Financieros y No Financieros”, por el otro. Así debiera ser pues todo el mundo sabe que el camino más corto entre dos puntos es la recta que los une. Solo que en este caso la recta que une esos dos puntos debiera ser la voluntad que mueva al sector público y al sector privado a proceder con la firma del pacto por la productivodad. Esto no solo aplica a las APP´S sino al sistema productivo en general.
Por Luis Eduardo Díaz Franjul
