SANTO DOMINGO, RD.- Se puede considerar como el proyecto más polémico llevado a cabo en los últimos años por el Gobierno dominicano. El parque energético situado en Punta Catalina, provincia Peravia, desde antes, durante y después de su licitación, suscitó comentarios y, criticas reacciones de los participantes del concurso de adjudicación del proyecto. Resulta que, la empresa seleccionada no tenía experiencia en la construcción de plantas termoeléctricas, provocando cuestionamientos de sectores relacionados con el sistema energético. A esas reacciones, se agrega el hecho de favorecer a una empresa que presentó la cotización más elevada con respecto a los demás concursantes. Hablamos de 2,040 millones de dólares. Este valor que en su inicio se consideró abultado, recibió una dosis de incremento por parte de la empresa brasileña adjudicada, de alrededor de 700 millones de dólares.
Una vez otorgado el proyecto a la empresa “ganadora”, el ruido de malas prácticas comenzó a disiparse por la opinión pública, ruidos que repercutían en la financiación y dejaba ecos en el manejo de los fondos, por los desembolsos de servicios sobrevaluados a técnicos y operarios: Soldadores, albañiles, carpinteros y capataces, aparecían en los reportes de pagos con sueldos de hasta 30 veces el salario mínimo del sector privado como una manera de justificar el valor acordado y el incremento posterior.
Con la declaración de un tribunal de la ciudad de New York, de las actividades de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, responsable de construir el proyecto denominado Central Termoeléctrica de Punta Catalina, compuesta de dos plantas generadoras de energía eléctrica, con una capacidad de alrededor de 752 MWh, todo el tinglado financiero se derrumbó, por lo que el Gobierno Dominicano, se vio en la necesidad de gestionar recursos para continuar con la obra. Esta situación provocó que los planes de ejecución y puesta en marcha se distorsionaran; es decir, que la fecha de arranque del proyecto tuvo que postergarse, acarreando aumentos en los costos de construcción. De acuerdo a los cálculos de expertos, esta situación permitió evaluar la inversión en 3,345 millones de dólares, después de siete años vaivenes.
Otro ingrediente preocupante se sumó a los factores adversos del proyecto, que fue la decisión de construir una central termoeléctrica propulsada por carbono mineral, en un momento en que, la mayoría de los países están descartando ese sistema de generación, por los efectos invernaderos de la emisión de gases que producen las plantas.
Durante el acto de inauguración de la central termoeléctrica, el día 29 de julio del 2020, se dio a conocer la solución del impasse que existía con los terrenos donde está instalado el proyecto, informando que el Estado Dominicano, por vía de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE), había adquirido una extensión de 1,364,285 metros cuadrados, pagando el valor de 6.9 millones de dólares. Pero, según el contrato firmado, existe una cláusula de enfiteusis que genera preocupación, puesto que ha trascendido de que esos terrenos estaban dentro de una hipoteca valorada en más de siete millones de dólares. Podría entenderse que los terrenos no fueron comprados sino arrendados por un término similar a la vida útil del proyecto.
Pobre Punta Catalina, sus problemas no terminan y los asomos de una gincana legal se mantienen latentes. Todavía no se ha resuelto el litigio con Odebrecht, relacionado con diferencias en las cubicaciones y la velada denuncia de soborno, pendiente en los Tribunales de la Justicia dominicana. Por otra parte, los progenitores del proyecto (El Estado Dominicano y la CDEEE) han manifestado su interés de vender la Central Termoeléctrica; no obstante, las declaraciones de su administrador, de que el complejo termoeléctrico generará unos 500 millones de dólares de beneficios anuales, antes de depreciación, intereses e impuestos.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
