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Venta de Punta Catalina y el 30% de los fondos de pensiones

El gobierno dominicano sometido a precariedades severas derivadas del despilfarro corrupto del anterior gobierno y agravado por la pandemia está considerando la venta de algunos activos propiedad del Estado y dentro de estos, la planta eléctrica de Punta Catalina.

En primer lugar aclaro que soy partidario de mantener como propiedad del Estado los servicios públicos esenciales. Sin embargo, dadas algunas circunstancias, podría secundar la intención del gobierno sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- El costo para el Estado dominicano de Punta Catalina, a la fecha del 16 de agosto de 2020 asciende aproximadamente a la suma de US$ 2,314 millones una cifra claramente superior en mas de mil millones a las propuestas de Sichuan y otros consorcios sin contar que Hyundai construye plantas similares e incluso de mas capacidad en Indonesia, Emiratos Arabes Unidos, Filipinas y la misma Corea por debajo de los mil millones de dólares.

2.- Como todo el país sabe y ha sido sobradamente documentado fue una mala decisión. Es la famosa tragedia de ODEBRECHT y uno de los mausoleos de Danilo Medina y otros. Compramos caro y compramos malo. Las responsabilidades legales de todo lo que haya sucedido en el proceso de licitación, construcción y puesta en funcionamiento defectuoso de dicha planta corresponde a la PEPCA.

3.-Para vender Punta Catalina el primer problema es lógicamente el precio. Por lo tanto, la misma Comisión creada por el gobierno anterior que cómplice y complaciente certificó como buena y apropiada la planta debería ser recomisionada y convertida en Comité encargado de tramitar la venta. Ellos “conocen” la planta, manejaron todos los números, estän familiarizados con el proceso y tienen reconocidos vínculos con la comunidad de negocios local e internacional.

  • Una vez definido el precio proponemos que:

4.- El, 49, 50 o 51% del precio sea ofertado y adquirido por la empresa privada bajo cualquiera de las modalidades aceptables de acuerdo a las normas de negocios vigentes y aprobadas por auditores internacionales.

5.- La diferencia para completar el 100% debería ser vendida a los trabajadores y empleados y pagada con los fondos que dichos trabajadores tienen ya acumulados en los fondos de pensiones administrados por las AFP. Esto permitiría atar los ahorros de los empleados a un activo que genera ingresos en dólares, lo cual protegería dichos fondos contra la devaluación del peso en los próximos años, además que la rentabilidad anual de esta inversión superaría con creces la rentabilidad actual de dichos fondos colocados en certificados del Banco Central o bonos de hacienda.

6.- Para tales fines se haría una enmienda especial a la ley de manera que los pesos sean convertidos a dólares y así la inversión de los trabajadores y sus ahorros primero se revalorizan en dólares y generan beneficios en esa misma moneda ya que, los ahorros serán invertidos en una planta actualmente en operaciones y con contratos firmes de venta para la electricidad producida.

7.- Esta solución deja satisfecha a todas las partes. El Estado vende un activo cuyo dinero ahora necesita. El precio y las condiciones salen de la Comisión que validó la planta así quedan en evidencia. Los adquirientes serán empresarios “Pero no los mismos que quieren comprarla a precio de vaca muerta” y también los trabajadores que andan por todos lados reclamando la entrega del 30% de los fondos de pensiones al servicio de todo el mundo, menos de los dueños de ese dinero.

No hemos podido pensar en una solución mas justa, mas racional y más oportuna.

Por Melvin Mañon

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